Suspenden el juicio de los propietarios de la administración de lotería de Albocàsser

La Audiencia Provincial de Castellón ha suspendido el juicio contra dos loteros acusados de malversación de caudales públicos, después de que uno de ellos haya rechazado al abogado de oficio que tenía asignado. En la vista, iniciada este lunes en la sección Segunda, se juzgaba a un matrimonio propietario de una administración de Lotería de Albocàsser, el cual, según la acusación particular y la Fiscalía, no devolvió a Loterías y Apuestas del Estado (LOA) un total de 265.400 euros correspondiente a la recaudación del sorteo del Niño de 2009. El juicio ha comenzado con la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía y de la acusación particular en nombre de la aseguradora que tuvo que asumir los 265.400 euros impagados. Según las acusaciones, la acusada, que es propietaria de la administración de Lotería, y su marido, que igualmente gestiona y vende lotería, fueron requeridos el pasado 15 de enero de 2009 por LOA para que ingresaran la cantidad citada. Al no cumplir los requerimientos, la aseguradora, como es habitual en estos casos, se hizo cargo del pago de la deuda. Estos hechos son, según las acusaciones, constitutivos de un delito de malversación impropia de caudales públicos, para lo que la Fiscalía pide 4 años de prisión para cada uno, y la acusación particular 6 años para cada uno. Sin embargo, tras la lectura de los escritos de acusación, y en el turno de palabra que se ofrece a las partes para hacer objeciones antes de comenzar los interrogatorios de los acusados, el abogado del procesado ha manifestado que su cliente había presentado recientemente una renuncia a sus servicios. A preguntas de la juez, el procesado ha asegurado que entregó unos “recibos” al abogado que le fue asignado de oficio que justificaban “pagos” de los “préstamos” que había hecho a varias personas, y, al no haber sido incluidos en el sumario, quería rechazar la defensa de su abogado, para poder contratar una asistencia letrada particular. El letrado ha mantenido que él no había recibido esos documentos, y que igualmente no se sentía “capacitado deontológicamente” para representar al cliente asignado. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos de “maniobra” del acusado para intentar dilatar más el procedimiento. La jueza ha suspendido la sesión, que ha sido reanudada 45 minutos más tarde. Tras el receso, la jueza ha dado un plazo de 10 días al acusado para que contrate los servicios de un abogado y se presente en la Audiencia Provincial para volver a iniciar los trámites y señalar una nueva fecha de juicio. La jueza ha asegurado que los hechos suponen un “quebranto tremendo” y ha dicho al procesado que debía haber renunciado a su abogado mucho antes. Asimismo ha considerado que la conducta del procesado “no es admisible” y ha asegurado que “esas tácticas a veces se consideran meramente dilatorias”, no obstante, ha dicho “en aras del derecho de defensa, la sala acepta la renuncia a su abogado” y ha suspendido la sesión.