El Ayuntamiento de Peñíscola solicitó ayer a la Generalitat agilidad en los trámites para ceder la gestión a la administración autonómica del Juzgado de Paz del municipio. Así lo manifestó el alcalde, Andrés Martínez, al Secretario Autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, dada la circunstancia que Peñíscola supera los 7.000 habitantes empadronados exigidos para que la Conselleria se haga cargo del citado servicio.
Gastaldi se comprometió con el primer edil a avanzar en la tramitación de esta petición y a agilizar la tarea con otras áreas competentes en la gestión de personal para que la Generalitat pueda asumir la gestión del Juzgado de Paz del municipio.
En la actualidad son dos administrativos y el propio Juez de Paz el personal de este organismo que depende funcional y económicamente del Consistorio, lo que supone un gasto destacado en nóminas y personal que el Consistorio no pudo ayer cuantificar.
Funciones impropias
No es el primer consistorio de la comarca que intenta desvincularse de funciones que por ley no le corresponden. El otro caso más destacable es el de Benicarló que, a pesar de su tamaño poblacional apenas cuenta con servicios públicos de la administración estatal y autonómica pero, por el contrario, soporta con cargo a sus presupuestos el funcionamiento de un conservatorio a nivel comarcal que en otros puntos de la geografía valenciana financia la Conselleria de Educación. A pesar de las demandas del Consistorio para que la Generalitat asumiera los costes del profesorado y funcionamiento, la situación sigue igual, con más de 50 profesores y 200 alumnos de toda la comarca y cuyo déficit económico sufragan los vecinos de la localidad. En 2012 el coste fue de 550.000 euros.