El Senador de Compromís, ha preguntado al Gobierno Central saber en qué estado están las acciones del Gobierno para depurar responsabilidades personales y patrimoniales hacia los promotores, tanto en los políticos que se empecinaron en hacer posible este proyecto, como en los magnates empresariales autores materiales del mismo “ cuando se supo de la indemnización multimillonaria, para acallar el malestar general, dejaron entrever posibles acciones en este sentido para acallar las críticas, y sabemos, que no se ha hecho absolutamente nada”
Según Mulet “ si la respuesta es como esperamos que no se está haciendo nada, es que el Gobierno Rajoy se autoinculpa moralmente a ser corresponsable con los ejecutivos de Aznar y Zapatero que bendijeron e hicieron posible un proyecto faraónico e innecesario, que puso en jaque todo el sector económico de las comarcas del norte del País Valencià, que amenazó a la ciudadanía con centenares de movimientos sísmicos, y que ahora ha supuesto un atraco a mano armada a los sufridos ciudadanos que tendrán que pagar, supuestamente, la factura por la indemnización”.
Para Mulet “ la cláusulas que aceptó el Gobierno Zapatero, para que a pesar del no poder materializarse la puesta en funcionamiento del almacén por causas imputables al promotor, ahora repercute a en el bolsillo de todos, que tendremos que pagar a 1.350 millones de euros a Escal ( Florentino Pérez), a pesar de haber éste puesto en juego nuestra integridad física a base de centenares de movimientos sísmicos”.
Mulet ha pedido mediante pregunta escrita al Gobierno, que justifique también como se piensa repercutir esta indemnización, o que explique como puede tener a estas alturas, después de los graves incidentes sísmicos, el estar todavía planteando ponerla en funcionamiento “ albergar todavía esta opción, sin optar por desmantelar las instalaciones, cuando sabemos que son la causa directa de los terremotos, y al mismo tiempo se está indemnizando a Florentino, es doblemente insultante”.
Y el PP le da la razón
El Partido Popular de Castellón ha señalado hoy que no existe ningún cambio de criterio en el Gobierno de España respecto al futuro del proyecto Castor. Tanto es así que la respuesta parlamentaria que el senador Carlos Mulet ha tratado de manipular falseando la realidad es literalmente lo mismo que anunció el Ejecutivo a través del real decreto de 3 de octubre de 2014 y que motivó el cierre de la plataforma.
Este almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo. El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y defendió los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012 y, además, con una orden ministerial del mismo año inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa.
La opinión del Gobierno es la misma que publicó a través del real decreto ley en 2014 “y no ha habido absolutamente ningún cambio de criterio” por lo que los populares han solicitado a Mulet y a los partidos de izquierdas “ser rigurosos” a la hora de aborda una cuestión que puede afectar al turismo de la provincia y a distintos sectores económicos”. En el propio decreto se señalaba que el futuro dependía de los informes que deberían garantizar la seguridad.
Tanto es así que desde el PP se recuerda que “esta respuesta parlamentaria hubiera sido la misma desde que se aprobó el decreto que desmantelaba la plataforma”. Los populares recuerdan además que la Justicia también está actuando en este caso y que “el actual Gobierno de España ha tomado las decisiones encaminadas a reducir el coste que supone el cierre del Castor para los españoles”.