Revuelo en las redes sociales y foros por el permiso de investigación. El portavoz jurídico de los afectados señala que deben denegarse los permisos por la imposibilidad legal de llevar a cabo una concesión minera
El último gobierno conservador que tuvo Santa Magdalena de Polpis decidió incluir meses antes de perder las elecciones 2,5 millones de metros cuadrados para canteras en la revisión de su PGOU. El entonces jefe de la oposición, Sergio Bou del PSPV, consideró “un error histórico” esta situación y consideró que “hipoteca para generaciones venideras ya que es altamente destructivo para el territorio y trunca el desarrollo sostenible del municipio”. El hoy alcalde socialista manifestó ayer desconocer el anuncio oficial publicado el martes en el DOCV, para que los interesados o afectados pudieran posicionarse y presentar alegaciones. Otra de las canteras en explotación en ese término, la Torreta en el Mas de Vallterra, de la que se extrajeron millones de metros cúbicos de arena para regenerar los siete kilómetros de playa entre Benicarló y Peñíscola y sirve ahora para obtener los áridos y piedras necesarios para la construcción de la variante de la N-340, ya supone un impacto paisajístico visible desde toda la costa norte del Maestrat. La zona objeto del permiso de investigación está calificada en el planeamiento como suelo forestal protegido, de alta calidad y valor paisajístico y excelente punto de observación paisajística.
Los dos propietarios afectados consideraron ayer a través de su representante legal que “el permiso de investigación que nos ocupa nada tiene que ver con una investigación minera viable, seria y efectiva, sino mas bien con expectativas con componente especulador para acaparar derechos mineros”. Respecto a la peticionaria de la concesión y permisos de investigación en la zona, recuerdan que “tiene ya concedidas dos concesiones mineras, Pulpis I y Pulpis II, tiene solicitado una nueva concesión, Santa Lucía, y tiene dos permisos de investigación Santa Bárbara y Montealegre”. Asimismo consideran sospechoso que una Pyme de tales características pretenda duplicar las concesiones mineras que tiene sobre un municipio, obteniendo un volumen de aprovechamiento de minerales que jamás podría explotar por si misma. Ni siquiera podrá acabarse la piedra que tienen en las dos concesiones ya otorgadas. Por otro lado descartan la inexistencia de necesidad de mineral, dudan de la solvencia económica empresarial y consideran “lamentable” que “abusando de la legislación minera”, se estén causando unos “daños y perjuicios brutales en el patrimonio de terceros”, que sí son solventes, “pero que ven paralizados sus proyectos e inversiones, y depreciadas sus propiedades, por maniobras que la Administración no debería amparar”. En este sentido lamentan que “actividades tan agresivas con el territorio como son las extractivas puedan condicionar el desarrollo turístico sostenible del municipio”. Finalmente aseguran que la actividad extractiva en esta zona incumpliría normativa tal como la Ley de Ordenación de Territorio y Protección del Paisaje, el Decreto del Reglamento del Paisaje, la Ley del Suelo, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Ley y Reglamento Forestal de la Comunidad Valenciana, el Decreto de Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras y el Planeamiento urbanístico municipal.
Suelo protegido
Según remarcan los afectados, observando la localización topográfica de las cuadrículas que conforman el permiso solicitado sobre el Pic de la Mola que, como cresta predominante es vértice geodésico nacional, “ya se evidencia que este asunto es un despropósito jurídico en toda regla”. Finalmente advierten que desde el punto de vista de la legislación sectorial y el planeamiento municipal, la zona no admite la instalación de canteras, por lo que es inútil, aunque altamente perjudicial para terceros, otorgar un permiso de investigación sobre un terreno en el cual no va a poderse hacer efectiva una futura concesión minera.
Nueva brecha en la Serra d’Irta
La firma local de mármoles solicitante acaba de ampliar su explotación minera con una nueva brecha en una zona señalada como Espacio Natural Protegido, Lugar de Interés Comunitario, ZEPA. Integrada en la Red Natura 2000 y Parque Natural, según el PGOU de la localidad. Son numerosas las críticas hacia la explotación que corona la imagen panorámica del municipio desde las principales vías de comunicación. Así en las redes sociales en varios grupos relacionados con la Serra d’Irta alertan “que han entrado las máquinas en Irta para abrir una nueva cantera”. A continuación denuncian “el impacto paisajístico que tendrá unas consecuencias dramáticas” y se preguntan “¿cómo es posible que toleren esto ahora”.