Dicen haber sido víctimas colaterales de una guerra entre el promotor y la comunidad de propietarios y que “nadie del Ayuntamiento les informó de la situación urbanística”
Un grupo de afectados por la sentencia del TSJCV refrendada por el Supremo y que ordena derribar los locales comerciales de Peñíscola Playa rechazan ser identificados “como unos ocupas que nos hemos plantado aquí” y han advertido que “los locales tenían licencia de actividad cuando fueron adquiridos y que en el Registro y el Ayuntamiento de Peñíscola nos dijeron que adelante y que no pasaba nada”. Juan Domenech, uno de los afectados sostuvo que cuenta con una licencia de actividad del año 2000 firmada por el entonces alcalde Rafael Serrat.
“No somos ocupas, los locales nos costaron mucho dinero. Vivimos de estos locales más de 50 personas que nos ganamos la vida y hay que solo están interesados en poner una plaza aquí”, agregó Domenech, en referencia al deseo de la comunidad de propietarios de poner en las zonas comunes una gran plaza una vez se derriben los locales ilegales. “Las fincas las compramos nosotros. El presidente de la comunidad está engañando a la gente porque esto no será una plaza abierta porque los terrenos seguirán siendo privados”. Domenech explicó que el local donde instaló su tienda familiar ya existía cuando lo adquirió y “estaba en regla” y circunscribieron los episodios judiciales que culminaron en el TSJCV y Tribunal Supremo a “una guerra entre la comunidad de propietarios y el promotor”. A su juicio el suyo y los otros locales “somos víctimas colaterales, los perjudicados cuando hemos pagado la contribución, luz, agua y basuras”. Los locales de la zona de pubs renunciaron a seguir la batalla judicial, aunque son cuatro entre comercios y restaurantes quienes han llegado hasta el Supremo.
Responsabilidades
Para este afectado ha llegado el momento de pedir responsabilidades: “algún responsable debe existir de que hayamos pagado el pato” y apuntó que “o bien en el Registro, que deberían salir estas cosas o bien en el Ayuntamiento, deberían defender nuestros derechos, advertir que esto no se podía comprar, precintarlos o poner algún letrero advirtiendo si eran ilegales”, explicó Domenech.
En una nota los afectados, entre los que se encuentra Domenech, señalan que la obra que se ejecutaba sin licencia, se construyó sin paralización real de la misma y que en el año 1984, el Ayuntamiento de Peñíscola, concedió incluso licencia de actividad de bar, a uno de los locales, ahora amenazados con su derribo. También reprochan que “durante la tramitación del proceso judicial, se han ido efectuando distintas ventas, no existiendo impedimento alguno en el Registro de la Propiedad, o advertencia alguna sobre la supuesta ilegalidad de la construcción” y que desde el año 1990 hasta el año 2000 se concedieron nuevas licencias de actividad.
Víctimas
En la nota los afectados remarcan que “somos víctimas de la inacción del Ayuntamiento de Peñíscola de la década de los años ochenta, que no impidió en su momento la edificación de los locales comerciales, siendo estos y la obra en su momento muy visibles. Finalmente insisten en que “los locales cumplen las normas urbanísticas” y que seguirán defendiendo sus derechos hasta agotar todas las vías judiciales posibles.