La Generalitat debe esta cantidad desde hace tres años, que supone un tercio del presupuesto municipal
El Consistorio de les Coves acordó en el último pleno municipal acudir a la vía judicial para reclamar los 325.000 euros que le adeuda la Generalitat en concepto de las obras ejecutadas hace más de tres años dentro del conocido como Plan Camps o Confianza.
El Consistorio covarxí se acogió a este plan para ejecutar unas obras de cambio de iluminación en gran parte de las calles de la población y el adoquinado en otra del casco antiguo. El primer edil, Jacobo Salvador, admitió que “tal cantidad de dinero es muy considerable para el Consistorio, ya que supone un tercio del millón de euros al que asciende el presupuesto de la localidad”.
La obligatoriedad de acogerse al Real Decreto 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las Entidades Locales, conllevó la formalización de un préstamo para pagar facturas “de las que pagamos 1.000 euros al mes de intereses, una cantidad que no tendríamos que haber solicitado si nos hubiesen pagado ese dinero que nos deben”, indicó Salvador.
El Plan Confianza supone más del 70 por ciento de la deuda total del Consell con les Coves, que asciende a 408.000 euros a día de hoy. En el Pleno, la oposición popular se abstuvo en la votación. Según Salvador “creemos que tenemos muchas posibilidades de cobrar por esta vía, de hecho después de más de 20 cartas enviadas en los últimos dos años, acaban de contestar hace una semana desde Hacienda asegurándonos que nos pagarán, aunque sin podernos decir cuando”, agregó.
Este consistorio independiente ha sido uno de los más combativos en la presente y anterior legislatura, al reclamar las deudas del Consell mediante protestas en Castelló, o al ser el primero en colgar la cifra que la Generalitat adeuda a la población en el balcón del ayuntamiento y también al votar en contra de los cambios en el contrato de gestión de residuos sólidos urbanos de la zona I, que acaban de ser anuladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo.