Los camiones de la basura cruzarán el casco de Càlig y pasarán por urbanizaciones y colegios. PP y AEC-Compromís se marchan de la votación como protesta
La Plataforma contra l’Abocador de la Bassa denunció en 2003 que el emplazamiento elegido en esta partida del término de Cervera propiedad de caligenses no reunía los requisitos exigidos medioambientalmente. Para ello Joaquim Anglés y Albert Querol aportaron un informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar que aseguraba que los terrenos de les Basses “no reunían para la Conselleria las características naturales de conductividad hidráulica y espesor exigidas por la normativa vigente” para la instalación de vertederos.
Incluso realizaron fotografías de las numerosas cavidades y encargaron un sondeo a la vez que criticaban el silencio de la Conselleria después de 17 meses de haber presentado alegaciones entre críticas al cerverino Adolf Sanmartín, secretario comarcal del PSOE y diputado y a Miguel Zaragozá, presidente del área zonal que evitó durante meses conocer el emplazamiento tal y como le propuso la Plataforma.
Desde entonces las deficiencias detectadas en la tramitación del proyecto han sido constantes. En Càlig buena parte de la población se movilizó de la mano de la Plataforma con pancartas en la calle, lo que debilitó electoralmente al PSOE local mientras el PP se presentaba a las elecciones de 2007 con un claro mensaje antivertedero. El PSOE perdió la mayoría por primera vez en toda la historia de la democracia y un pacto PP y Agrupació d’Electors de Càlig iniciaba una lucha institucional contra el vertedero y planta de transferencia por los peligros y perjuicios que podía causar a la población y comarca en caso de contaminación del subsuelo.
El Consistorio reclamó en la UE la apertura de un expediente por la tramitación irregular de la planta de tratamiento de residuos y el incumplimiento de la Directiva sobre Vertederos. Posteriormente la Dirección General para el Cambio Climático concedió a la unión temporal de empresas Teconma, SA; Azahar Environment, SA y Sistema Ecodeco SPA, la autorización ambiental integrada (AAI) para la planta de tratamiento de residuos urbanos, excluyendo de la misma el vertedero de residuos no peligrosos correspondiente al Plan Zonal de Residuos de la Zona I. La Plataforma reclamaba que se ubicara en la zona arcillosa de la Llosa de Cervera, mientras que, por primera vez la Diputación dejaba abierta la posibilidad de un cambio de emplazamiento del vertedero como finalmente ocurrió. Desde entonces se sucedieron las impugnaciones al emplazamiento y a la declaración de impacto ambiental (DIA). La tramitación de la AAI recibió casi 2.900 alegaciones y el Consistorio recurrió en el juzgado Contencioso-administrativo los trámites de expropiación de los terrenos de la planta, vertedero y viales por no existir proyecto oficialmente. La planta finalmente diseñada difería en mucho de la primera tanto en dimensiones como tecnología, por lo que se entendía que debían presentarse nuevos proyectos. También entendían que la AAI estaba caducada al haberse solicitado en 2005. El Consorcio se constituyó en 2001 y todavía tan solo son una realidad los vertederos de inertes pero ninguna de las plantas e infraestructuras proyectadas es una realidad, a pesar que ahora ya han anunciado que la planta entrará en funcionamiento a finales de 2011. Cinco años después de presentadas las alegaciones al vertedero no se habían resuelto desde el Consell, según denunció la diputada de Compromís Mireia Mollà, que sabía desde 2006 que la zona no era apta.
En 2008 la Conselleria de Medio Ambiente acabó por reconocer los problemas de filtraciones que la ubicación del vertedero previsto en la planta de basuras de Cervera en la partida de la Bassa podría acarrear sobre el acuífero de la zona y, según admitió el entonces responsable del departamento, el conseller José Ramón García Antón, se estaba tramitando un nuevo emplazamiento cerca de la planta. Paralelamente Benicarló ofreció terrenos en su municipio para albergar la tecnología de Geiser Box para tratar los residuos. El defensor de la propuesta, el edil de Medio Ambiente y Urbanismo y representante en el Consorcio, Antonio Cuenca, fue excluido por sorpresa de las listas electorales de 2011.
Al poco del anuncio del conseller, Adolf Sanmartín, aplaudió la medida y anunció la expropiación forzosa de los terrenos en una zona apta geológicamente para acoger el vertedero. La Plataforma reiteró que los nuevos emplazamientos no estaban incluidos en el Plan Zonal de Residuos ni en la relación de lugares considerados como aptos. En noviembre de 2008 la empresa que debía levantar las actas de expropiación no se presentó en el lugar. El 4 de mayo de 2009 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV admitió a trámite el recurso de la Plataforma contra l’Abocador de la Bassa y el Consistorio de Càlig contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, que dirige Jorge Lamparero. La otra pretensión de Consistorio y Plataforma de la suspensión cautelar de todo el procedimiento administrativo también fue aceptada en una pieza separada. Con ello trataban de evitar unas expropiaciones de fincas cuando se desconocía donde iría finalmente el vertedero. Además también pleitearon con otro recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consell que declaró de urgente expropiación forzosa los terrenos afectados por la planta y vertedero y que también entendían ilegal por defectos en el expediente de expropiación forzosa de las fincas afectadas por la planta, vertedero y accesos. El 13 de junio el Consistorio de Cervera dio licencia de obras para construir la planta. El PSOE de Vinaròs, entonces en el gobierno, llegó a cuestionar el modelo de planta de Cervera y lanzó la propuesta de construir su propia planta, algo que fue rechazado desde el PP y rápidamente desautorizado desde su propio partido. Los municipios más pequeños gobernados por agrupaciones de electores apostaron por el tratamiento térmico que abanderaba Benicarló, algo que no tuvo suficiente tirón entre el resto de municipios y lo hizo inviable por no llegar al número suficiente de kilos.
El 22 de diciembre de 2009 se acordó ubicar el vertedero en el Pou de la Figuera de Cervera, a dos kilómetros del casco urbano de Càlig y a 12 kilómetros de la planta, con el consiguiente sobrecoste, mientras el presupuesto de las infraestructuras alcanza ya casi los 140 millones de euros, con casi 5.000 millones de pesetas adicionales a lo inicialmente previsto. En la reunión en la que se acordó esta medida hubo una espantada generalizada de cargos del PP y solo acudieron 11 de los 49 municipios representados, un triste episodio más con “un silencio impuesto por los partidos mayoritarios que miran hacia otro lado mientras el problema afecta al pueblo de Càlig”, denunció Albert Querol, representante de Càlig en el Consorcio. Una pista de acceso al vertedero se abrió también sin informes ni autorizaciones. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana apuntó por unanimidad la necesidad de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de residuos por incumplir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y aumentar en casi 30 millones de euros el contrato y alterar incluso la ubicación hasta el punto que podría considerarse un proyecto distinto.
Paralelamente los problemas para los ayuntamientos se agudizaban. El Fiscal trató de imputar a Jacinto Moliner (PP), Javier Balada (PVI) y Jordi Romeu (PSOE) por delitos ambientales en la gestión del vertedero de residuos de Vinaròs en los últimos años. La Plataforma acudió también a la Fiscalía Anticorrupción mientras apuntaban intereses partidistas en el Consorcio. En septiembre de 2010 Medio Ambiente concedió la AAI al vertedero del Pou de la Figuera, que tendrá una capacidad de 872.000 metros cúbicos y podrá recibir más de 40.000 toneladas de residuos al año.
Llega el PSOE y todo cambia
Con el triunfo socialista las relaciones han cambiado. La alcaldesa Ernestina Borrás ha puesto en pausa la situación y votó el lunes permitir el tráfico sin prácticamente limitaciones a los camiones de basura, tanto los que bajen desde el interior de la comarca del Maestrat como de Els Ports como de aquellos que salgan de la planta de valorización al vertedero. Los tres representantes del PP y el edil de AEC-Compromís salieron del Pleno como protesta por la postura que estaba adoptando el Consistorio.
A partir de ahora, los camiones que bajarán diariamente del interior accederán por la carretera de Sant Jordi, girarán por la Plaza de Ramón y Cajal, donde está la cooperativa, torcerán a la izquierda por Blasco Sanz y pasarán por delante de las escuelas y polideportivo para buscar la rotonda de acceso a la localidad y desviarse por el camí de Càlig a Peñíscola hasta la planta de la Bassa. Por su parte los camiones que salgan de la planta para llevar el rechazo al vertedero saldrán del vertedero hasta el desvío de las urbanizaciones Vila de Càlig para, desde allí ir a buscar la carretera de Cervera hasta el vertedero del Pou de la Figuera. Cerca de 1.000 toneladas de residuos harán este recorrido semanalmente.
La Plataforma y Agrupació d’Electors de Càlig, censuraron el cambio de actitud del equipo de gobierno respecto a la lucha contra los perjuicios que crea el vertedero y planta a la localidad de Càlig, así como el tráfico de camiones pesados por caminos municipales rurales y que se retiren las demandas y procesos judiciales abiertos contra la tramitación de las infraestructuras del consorcio de la zona I y otros actos administrativos.