El Consistorio espera ahora que se inicien las obras antes de acabar el año tras 11 años de reclamaciones y sanciones a España
Los representantes de las concejalías de Servicios y Urbanismo del Ayuntamiento, Lupe Roig y Romualdo Forner, respectivamente, han visitado junto al alcalde de la ciudad, Andrés Martínez, a la Secretaria Autonómica de Territorio, Medioambiente y Vivienda, Arantxa Muñoz, quien les ha entregado la Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para Peñíscola.
El propio alcalde llevó el documento a la EPSAR en mano, según él mismo ha explicado “para seguir con la tramitación lo más rápidamente posible”.
Tras la adjudicación de la redacción del proyecto y tras dos años de trabajos, una vez finalizada la exposición pública sin alegaciones el pasado mes de febrero y la recepción por parte del Ayuntamiento del Certificado de Compatibilidad Urbanística, “la consecución de la declaración de Impacto Ambiental es un paso más hacia delante” señaló Andrés Martínez.
La UTE adjudicataria, por su parte, está finalizando las modificaciones del proyecto de ejecución de la obra para la adecuación del tratamiento terciario de aguas y eliminar la estación de bombeo de donde estaba prevista inicialmente, en la zona donde está ubicado el edificio, que albergaba el antiguo Ayuntamiento, para ubicarla bajo la Plaza Constitución, “una modificación que supone una mejora importantísima del proyecto inicial y que nos permitirá erradicar el problema de olores y salubridad que afectan a ese punto”, el nuevo Consistorio que en la actualidad se halla clausurado, explicó el alcalde.
Una vez salvadas las últimas fases necesarias, las obras podrían comenzar el cuarto trimestre de este año y se extenderían durante los 26 meses siguientes que contempla el proyecto de ejecución.
Años de demora
El 26 octubre de 2010 la UTE Dragados-Ezentis se adjudicó el proyecto de ejecución definitivo de la obra por 18.784.829,48 €. El proyecto de futura EDAR de Peñíscola, lleva años de demoras incumpliendo las directivas europeas sobre vertidos de aguas al mar, lo que ha valido por este caso y otros del Maestrat y España, sanciones al Estado español.