El actual equipo de gobierno encuentra una multa de 510.000 euros procedentes de una sanción impuesta los años 2013 y 2014 por la Conselleria de Medio Ambiente por no tener en marcha la EDAR
El equipo de gobierno de Benicarló denunció ayer que, entre el millón y medio de euros en facturas son consignación presupuestaria se encuentran 610.000 euros correspondientes de la urbanización del Sector 7 (por unas obras ejecutadas el 2012) y el pago de 334.000 euros que corresponden a una revisión de precios que exige la empresa concesionaria de recogida de basura y 510.000 euros procedentes de una sanción impuesta los años 2013 y 2014 por la Conselleria de Medio Ambiente por no tener en marcha la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Este último concepto es el más sorprendente por el hecho de que Benicarló es de los últimos municipios valencianos costeros de su tamaño que todavía a día de hoy no dispone de una EDAR en marcha conforme marca la ley. La competencia es de la Conselleria de Medio Ambiente y la construcción de la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR).
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) es la titular autonómica de las depuradoras valencianas y se financia a través del canon de saneamiento que recibe de los consumidores mediante, principalmente, las empresas concesionarias del agua potable o de los mismos ayuntamientos. Pero aún siendo la responsable de la depuración de las aguas sucias, si la CHJ detecta que el nivel de tratamiento ha sido ineficiente, de manera que llegan al dominio público hidráulico en malas condiciones, aplica una penalización en forma de incremento del canon de control del vertido que, en lugar de la entidad de saneamiento, como responsable de este, deben afrontar injustamente las corporaciones locales.
La alcaldesa Xaro Miralles, que compareció acompañada del edil de Hacienda, Carlos Flos, señaló que pondrán en manos de los servicios jurídicos externos contratados por el Ayuntamiento esta situación para tartar de revertir la sanción. Además la alcaldesa indicó que será prioridad del nuevo equipo de gobierno «solucionar la situación de insolvencia actual del Ayuntamiento, mejorar la liquidez y apostar por la implantación de la administración electrónica». «Tenemos una administración arcaica y necesitamos poner en marcha la firma electrónica, la factura electrónica y la gestión electrónica de expedientes. Esto nos ayudará a ahorrar y, además, lo tenemos que hacer para cumplir con la ley», dijo.
Paralelamente, han contabilizado hasta 200.000 euros de facturas sin consignación presupuestaria y pendientes de pago. Estas facturas corresponden a áreas del Ayuntamiento que en estos momentos tienen las partidas completamente agotadas como Obras y Servicios, Cementerio, Fiestas y Fallas, Agricultura y órganos de Gobierno, entre otros.
La alcaldesa reconoció que «las cuentas que nos hemos encontrado dificultan el funcionamiento del consistorio al menos hasta finales de año y, evidentemente, también condicionarán el presupuesto de 2016». «No sabemos ahora mismo cómo acabaremos el año. Intentaremos hacer algunas modificaciones presupuestarias pero será complicado», auguró Flos. «De cara al año que viene, trabajaremos sobre todo el capítulo de ingresos, que no quiere decir subir impuestos, sino reclamar las deudas pendientes y racionalizar los gastos, con mucha imaginación», sentenció Flos.
Miralles anunciado que solicitará a la Generalitat que abone los pagos que tiene pendientes con el Ayuntamiento, como por ejemplo el alquiler del solar donde están ubicadas las aulas prefabricadas del CEIP Ángel Esteban y que afrontará inversiones con recursos propios, sin aumentar el endeudamiento.
Miralles anunció que meditan hacer una auditoría de contratos para comprobar si, efectivamente, se están cumpliendo todas las condiciones de los contratos firmados con las empresas concesionarias.