Caja Madrid pretendía ejecutar la hipoteca tras un impago de una cuota de 100.000 euros que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas considera “un error”. Desde la PAH animan a los castellonenses afectados por desahucios a que denuncien una situación “de la que no tienen culpa”
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Castelló, junto a la Asociación de Estafados Victimas Financieras y la Asamblea de Indignados de Castelló (15-M), celebraron ayer haber conseguido paralizar un desahucio que estaba previsto que se celebrase en una vivienda rural aislada y en construcción ubicada en la zona de la Jorba de Alcossebre.
Según denuncian desde la PAH “la familia afectada se encuentra en situación de desamparo jurídico, ya que debido a un error de forma en su crédito hipotecario no percibido en su momento ni por el notario de Valencia que supervisó la operación, ni por Caja Madrid, la entidad financiera, ni por ellos mismos, ya que no tuvieron acceso al contrato hasta pasados 18 meses. En ese momento advirtieron como en el plazo para la amortización del préstamo hipotecario figuraban 24 meses, en lugar de los 20 años que inicialmente se negociaron”.
Según Teresa Escoda, la portavoz y miembro de la familia afectada, “no tiene sentido que un trabajador pida 100.000 euros para devolverlos en dos años junto a los intereses y los de la carencia, está claro que es un error y hemos pagado hasta la última peseta mientras hemos podido”. Desde ese momento hasta ahora la situación para los afectados ha sido dramática. “Vivimos cuatro personas en la vivienda, de estilo gaudiniano que construimos nosotros mismos, con una anciana de 86 años que lo está pasando fatal. Hemos pedido a Caja Madrid que rectifique el error, al notario e incluso hemos llamado al defensor del cliente de Caja Madrid, pero nada, nos dicen que no se mueven de su postura”, explica Teresa, portavoz de la Asociación de Estafados Victimas Financieras en la Comunidad Valenciana.
La entidad bancaria no cede y ha llevado el impago al juzgado. “Yo me defiendo como puedo. En Vinaròs los juzgados nos dicen que no pueden parar el procedimiento y que debo esa cuantía a Caja Madrid. Nadie está por la labor de facilitar nada y yo solo quiero devolver la cantidad en los años que pedí, nada más”, añadió.
La presencia de la Plataforma alertó a la Guardia Civil
Hasta cuatro vehículos de la Guardia Civil acudieron a Alcossebre alertados por la presencia de tanta gente en la zona. “Fueron muy amables, les explicamos el caso, vieron el acto y se marcharon”, explica la afectada, que exige que aflore alguna ley que ampare a la gente víctima de errores bancarios “porque no se hacen hipotecas como la que dice Caja Madrid que hicimos y hay gente en el paro que los bancos tiran de sus casas sin ninguna consideración. No puede ser que haya gente viviendo en coches”, denuncian.
Los afectados han realizado una denuncia penal contra la entidad por estafa. A pesar de encontrarse en proceso la demanda penal contra la entidad, el procedimiento de ejecución hipotecaria siguió su camino hasta llegar a la orden de desahucio prevista para ayer, constituyendo en su opinión una vulneración evidente a la defensa por parte de esta familia, afectada por un evidente caso de irregularidad de contrato hipotecario y por desamparo judicial.
Ante estos hechos, desde la Plataforma mostraron su apoyo a la familia “en la defensa tanto de su derecho a la vivienda como a la protección ante el poder de las entidades financieras, quienes no dudan ni un minuto en adjudicarse las viviendas de familias con problemas económicos y en dejarlas expropiadas y endeudadas de por vida”.
“Consideramos que no es justo que, debido a la actual crisis económica, que sitúa la provincia de Castelló entre las de mayores tasas de desempleo y de ejecuciones hipotecarias, las familias trabajadoras con menos recursos tengan que quedar en la calle, perdiendo el dinero que han destinado a su vivienda y quedando en deuda con el banco aún habiendo perdido su casa. Una vez más, nos resistimos a aceptar que la banca siempre gane, y que estas entidades no estén haciendo nada por arrimar el hombro en los tiempos que corren”, indicaron ayer en una nota.
Por eso piden a los gobiernos que regulen la dación en pago, que paralicen los desahucios y que regulen un mercado de alquiler social de viviendas, empezando por aquellas que han sido objeto de embargo, así como las que restan en propiedad de los bancos.