Tan solo un recurso de Casación ante el Supremo paralizaría unos meses más la restitución de la legalidad en la zona en un proceso que se inició hace casi 20 años
Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un Auto que da, de nuevo, la razón a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Peñíscola Playa avala el Auto de 11 de febrero pasado que obligaba a la demolición de dos bloques comerciales por carecer de licencias e incumplir la normativa urbanística. La comunidad de propietarios ganó un incidente planteado por la comunidad de propietarios de la Urbanización Peñíscola Playa contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 13 de enero y de 20 de abril de 2011 por el que se concedió a la empresa Morrongo Ocio, SL y otros, una licencia de obras para legalizar dos bloques de locales comerciales en primera línea de costa. El procedimiento es tortuoso y lleva más de 15 años de Viacrucis judicial.
El TSJCV ya ordenó a su propietario en 1998 la demolición del edificio de locales comerciales, quien alegó la vía de su posible legalización. El Consistorio secundó esta posibilidad de legalización mediante un informe de su arquitecto municipal. Ante este dilema la comunidad de propietarios señaló la imposibilidad de legalización al carecer de licencia. En 2002 el TSJCV ya instó la demolición forzosa del complejo, por lo que se requirió al Consistorio para que manifestara las medidas que había tomado para la ejecución de la sentencia. El Supremo desestimó en 2008 la admisión de un nuevo recurso de casación para evitar la demolición. El Auto del primer trimestre de 2014, ahora avalado, apuntaba al Ayuntamiento que debe requerir a los propietarios y titulares de actividades para que en el plazo de dos meses desalojen los inmuebles cuyas licencias hayan sido afectadas y presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que rectifique o apruebe el Consistorio. De no presentarse el proyecto en esos dos meses, será el Consistorio quien lo elabore en un mes y ser demolidas en dos meses desde la notificación. De incumplir el Consistorio este mandato el TSJCV designa a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Agua de forma subsidiaria y sin las responsabilidades a que pudiera haber lugar. También condena solidariamente en costas a los demandados solidariamente y 50% al Ayuntamiento de Peñíscola. Sorprendentemente y, a pesar de lo inicialmente manifestado, el Consistorio presentó recurso contencioso defendiendo los intereses de particulares y promotores de la urbanización pero el TSJCV ha sido implacable.
Tan solo cabe un recurso de casación ante el Supremo
Antonio Martín, portavoz de los vecinos, manifestó su “satisfacción” después “de tanto tiempo de lucha” y confían en que se cumpla la ley después de tantos varapalos judiciales. “No tiene sentido que defiendan a un señor de esta manera contra casi 500 vecinos. Estaría fuera de lugar”, indicó.
La asociación de propietarios espera que en el caso de acudir al Supremo, cuyas deliberaciones o admisión o no de la querella, no se sabrían antes de un año, “no prospere la demanda”, aunque no duda que “agotarán todas las posibilidades intentando ganar tiempo para seguir alquilando locales el máximo tiempo y evitando su inminente derribo”.
Fuentes jurídicas de la entidad vecinal consultadas por Levante de Castelló recordaron que el proceso llevará el próximo año casi 20 lustros de episodios judiciales, y reprocharon lo mismo que el Auto: que el Consistorio trató de defender de forma “pura y dura” a quien construyó ilegalmente en 1984 “sin un proyecto viable” y que no se puede alegar indefensión de “terceros adquirentes de buena fe” ya que intentaron legalizar los locales en 2009 “y eran conscientes de la situación del local”, por lo que “no pueden alegar ignorancia”.