Inici Express El Supremo no admite el recurso del Ayuntamiento y otros afectados lo que llevará a derribar parte de la urbanización Peñíscola Playa

El Supremo no admite el recurso del Ayuntamiento y otros afectados lo que llevará a derribar parte de la urbanización Peñíscola Playa

per Redacció

peniscolaplayamar2014realLa comunidad de propietarios de Peñíscola Playa celebra el Auto del Tribunal Supremo que pone fin a décadas de ilegalidades en esta urbanización. Condenan en costas de nuevo al Ayuntamiento y recurrentes

Nueve meses más. La tramitación del recurso de Casación ante el órgano jurisdiccional único por parte del Ayuntamiento de Peñíscola y varios afectados -entre ellos el promotor de las obras de Peñíscola Playa puestas en entredicho- ha demorado unos meses más la aplicación del Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que obligaba a la demolición de varios locales edificados en la zona excediendo de la volumetría permitida. Dos bloques comerciales deberán ser borrados en las próximas semanas tras la declaración de la inadmisión del recurso de casación contra el Auto del 11 de febrero de 2014 confirmado posteriormente en reposición, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV declarada firme y de las que informó Levante de Castelló.

Antonio Martín, presidente de la comunidad de propietarios Peñíscola Playa, mostró su satisfacción por el Auto “después de tantos años e incluso de mucha gente que se ha quedado por el camino” y manifestó que a pesar de la sentencia “duele que se tarde tanto tiempo en llegar a este punto”. Los afectados llevan más de 15 años desde que denunciaron la situación de exceso de volumetría en la urbanización. “En 2008 el Ayuntamiento parecía que iba a tirarlo todo tras encargar incluso el proyecto de derribo pero hizo un quiebro y legalizó los locales”, lamentó Martín, que ve en esta actitud una maniobra dilatoria. El Consistorio, como el resto de afectados y recurrentes ha sido condenado en costas. El Supremo fija en 500 euros por parte la cantidad que la comunidad de propietarios Peñíscola Playa podrá reclamar a cada uno de los recurrentes. “Una buena pregunta a hacerse sería saber cuanto ha costado a los ciudadanos defender a un promotor contra 500 vecinos y cuanto ha costado la actuación de defensa de este señor sin ningún sentido que perjudicaba a 500 vecinos que allí pagamos nuestros impuestos todos los años·, reprochó Martín.

peniscolaplayapanomar2014El TSJCV marcaba unos estrictos plazos que se deberán cumplir “y así lo pediremos”, aseguran desde la entidad vecinal. Durante este tiempo los locales puestos en entredicho han estado en venta y alquiler a pesar de su delicada situación urbanística, tal y como informó este rotativo. Los locales tenían sobre ellas distintas sentencias de derribo de 2002 y 2007 que se han ido recurriendo e, infructuosamente, tratando de legalizar.

Resolución firme
El Supremo ya desestimó en 2008 la admisión de un nuevo recurso de casación para evitar la demolición y en los razonamientos jurídicos así lo recuerda, a la vez que indica que el auto impugnado “no era susceptible de casación, pues esta Sala se ha pronunciado reiteradamente sobre este mismo asunto” y que se anuló el acuerdo del Ayuntamiento de Peñíscola del año 1994 que desestimaba la petición formulada sobre la demolición de edificación y haber tratado en 2011 de otorgar licencias con la finalidad de eludir su cumplimiento. A la vez les recuerda que la Sala del TSJCV ya les ha razonado el proceder para llevar a término la ejecución de la sentencia dictada.

El Auto del primer trimestre de 2014, ahora avalado, apuntaba al Ayuntamiento “que debe requerir a los propietarios y titulares de actividades para que en el plazo de dos meses desalojen los inmuebles cuyas licencias hayan sido afectadas y presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que rectifique o apruebe el Consistorio”. De no presentarse el proyecto en esos dos meses, será el Consistorio quien lo elabore en un mes y ser demolidas en dos meses desde la notificación. De incumplir el Consistorio este mandato el TSJCV designa a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Agua de forma subsidiaria y sin las responsabilidades a que pudiera haber lugar.

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