El Defensor valenciano ve ‘injustas’ las inundaciones que sufren los vecinos a causa de los temporales
Los representantes de urbanizaciones como Voramar, Promar, Mercera, Mar Azul, residencial Kronos, que aseguran agrupar a 669 viviendas, 66 garajes, 437 plazas de hotel y aproximadamente 5.000 personas distribuidas en cinco urbanizaciones, que ya dirigieron una carta a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, en la que le alertaban de la impotencia que sufren ante las inundaciones del paseo norte, han recibido otra comunicación del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana que considera “injusta” la situación que viven.
En la misiva le informan que dichas comunidades fueron construidas hace más de 32 años y que nunca hasta la remodelación de la playa y construcción del paseo marítimo habían sufrido ninguna inundación relacionada con los temporales de Levante.
La comunicación oficial les informa que el Consistorio les ha informado de todas las actuaciones que ha realizado para tratar de corregir esta situación mediante reuniones, acuerdos plenarios en los que reclaman un protocolo de actuaciones y que “considera que la prevención y gestión del riesgo de inundación requiere una actuación coordinada entre las distintas administraciones públicas implicadas con las inundaciones, políticas sectoriales, ordenación del territorio, protección civil, urbanismo y medio ambiente”.
En el escrito le señalan que el Síndic carece de competencias ante la falta de actuación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aunque señala como inoportuno el silencio de Generalitat, Diputación y Ayuntamiento, y considera que “la solución de este grave problema requiere una actuación conjunta y coordinada desde las distintas administraciones públicas”, por lo que les recomienda a estos entes “que incrementen sus esfuerzos para evitar los daños que injustamente están padeciendo desde 2001 los vecinos de la playa Norte como consecuencia de los temporales marítimos”.
Recientemente, en el primer trimestre del año, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recibió una carta de los afectados en la que se expresaban de forma similar. Posteriormente el Ministerio contestó que confiaba en que la regeneración dunar planteada en la zona de las urbanizaciones consolidara esta barrera natural y mitigara los perjuicios que sufren estos vecinos y residentes de la zona.
Obras de la discordia
Las obras fueron ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y fueron inauguradas por el entonces ministro Jaume Matas. Desde ese año, señalaron los afectados que “hemos sufrido inundaciones en diez ocasiones. Varias en 2001, 2003, 2007, 2008, 2009 y en dos ocasiones de 2010”.
Los vecinos han realizado múltiples demandas para tratar de resolver este problema, desde instancias a distintas administraciones a reuniones con técnicos “sin ningún resultado efectivo”, señalan.
En este sentido, según explican, se defienden con “acciones destinadas a proteger nuestras viviendas y los elementos comunes de nuestras urbanizaciones”, como la construcción de muros con compuertas llegado el mes de septiembre y el final del verano “para impedir, en la medida de lo posible, la entrada del agua del mar”. Estos muros se mantienen hasta el mes de abril, cuando cesan los temporales. Según denuncian a los defensores del ciudadano valenciano y español “los muros nos dejas aislados, solo con una pequeña salida, cosa que provoca sensación de angustia a los vecinos, así como mala imagen de nuestras comunidades respecto a la gente que transita por el paseo”.
Los afectados enumeran las distintas reuniones mantenidas en la última década para corregir tal situación. Desde contactos con el alcalde Andrés Martínez, las concentraciones de 2003, visitas a la Jefatura Provincial de Costas que acabaron sin actuaciones, informes gráficos al Jefe del Servicio de Costas, nuevas reuniones con ediles, con los nuevos cargos que se han sucedido, la petición del mantenimiento de una acequia de evacuación del paseo en 2007 que no recibió respuestas, nuevas instancias en 2008, emisión de comunicados a los medios de comunicación, instancias por inundaciones en 2009 y 2010 o las reuniones de 2010 con el Jefe de Servicio de Costas sin que las administraciones no plantean ninguna solución. Además a cada previsión de inundaciones por temporal los afectados han reclamado medidas de prevención. A pesar de ello, manifestaron sus quejas en 2010 por la omisión en la toma de medidas, lo que conllevó una nueva inundación de la zona.
El Consistorio dijo en febrero que no es competencia municipal
El edil de Urbanismo, Romualdo Forner, señaló el pasado mes de febrero que el Consistorio ha actuado sobre el paseo y el problema a pesar de no ser el Dominio Público competencia municipal. Así Forner recordó las gestiones realizadas para instalar una bomba que drene el agua canalizada tras las dunas de la playa hasta la acequia que drena por el marjal, la instalación de un murete de contención en el paseo o las reuniones que llevaron a la actuación de Costas plantando vegetación dunar, lo que contribuye a fijar el sistema dunar y parar los golpes de mar. Forner insistió “no es competencia municipal” y recordó los problemas, advertencias y oposición de Costas que han tenido en ocasiones por actuaciones en estas zonas litorales.
“Gravísimos perjuicios”
En las distintas cartas tanto a Síndic como Defensor del Pueblo los vecinos denuncian que la falta de actuación de las administraciones competentes “nos ha comportado gravísimos perjuicios y de diversa índole”. Entre éstos citan las pérdidas económicas “que nos supone que periódicamente nuestras viviendas queden afectadas por las inundaciones del mar son ya incalculables, y no solamente se deterioran nuestras pertenencias sino que también las inundaciones constantes devalúan el valor de nuestras casas de forma considerable, mostrando además una mala imagen que nadie ya nos restituirá”. Por otro lado también lamentan el “sufrimiento psicológico” que esta situación provoca en los vecinos, ya que “vivimos cada año durante meses con la incertidumbre de no saber si nuestro patrimonio se verá afectado o no”.
Así mismo, las inundaciones “ponen en peligro la integridad física de las persones residentes ya que quedan completamente aisladas, sin suministro de luz y agua hasta que no se retira la arena, el agua y el fango, situación que se alarga hasta 48 horas e incluso más”. Dado que “ni la administración local, ni la autonómica ni tampoco la estatal, han dado una respuesta técnica suficiente para resolver esta situación que conculca los derechos más básicos i elementales de los ciudadanos que vivimos en esta zona”, reclaman a los defensores que insten, “de forma urgente, a las administraciones públicas competentes a analizar y dar solución a las cuestiones que hemos expuesto”.
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