El grupo socialista defenderá en el pleno del martes una moción para pedir a la diputación la firma de un convenio con el Colegio Oficial de Abogados de Castelló para dar cobertura a los pueblos de menos de 5.000 habitantes y atender a las personas con problemas para hacer frente al pago de sus hipotecas, estableciendo los mecanismos de observación y seguimiento para evitar que las personas afectadas pierden la vivienda habitual. Así lo ha anunciado el diputado provincial Juan Miguel Salvador quien también propone la puesta en marcha de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, como un servicio de apoyo dirigido a personas o familias con dificultades para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios y que se encuentren en riesgo de perder su domicilio habitual.
Dicha oficina de intermediación tendrá como objetivo plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas hipotecarias y eviten el inicio de los procesos de ejecución hipotecaria; negociar medidas alternativas a las dificultades derivada del impago y faciliten el mantenimiento de la vivienda por parte de la persona o núcleo familiar y evitar los lanzamientos siempre que sea posible, derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios. Salvador recuerda en la propuesta que cada día se produce en España una media de 159 desahucios de viviendas por el impago de la hipoteca o el alquiler y el 82% de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo y que carecen de otra alternativa de residencia. En el caso concreto de Castellón, solo el año pasado se ejecutaron 1.796 desalojos, una cifra de récord derivada de una coyuntura económica muy complicada y un proceso de ejecución de préstamos hipotecarios desmesurado. La actual Ley hipotecaria permite al acreedor adquirir el inmueble por el 60% del precio de subasta pública en el caso, cada vez más frecuente, que la misma quede desierta. La entidad bancaria se convierte en propietaria de la vivienda, cancela la deuda hipotecaria hasta el importe adjudicado en la subasta y mantiene el derecho de cobro sobre el resto de la deuda no saldada. Así, que junto a la pérdida de la propiedad de la vivienda se puede sumar el embargo de sueldo. Esta circunstancia tiene serias repercusiones sociales y económicas sobre los ciudadanos que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Los datos en Castellón nos recuerdan que en solo tres años, la cifra de personas que han perdido su casa por no hacer frente al pago de las hipotecas se ha multiplicado por 500%. Lo más triste de esta situación es que detrás de estos números se esconden historias reales de personas, que en algunos casos por desconocimiento, en otros por errores y en otros por falta de trabajo no pueden hacer frente a esos compromisos adquiridos aun queriendo que así sea. Son varias las poblaciones de nuestra provincia que están estudiando la posibilidad de poner en marcha un servicio de mediación hipotecario gratuito para estos casos, todas ellas de más de 20.000 habitantes que son las que tienen posibilidades económicas. Sin embargo, para los municipios de menos de 5.000 habitantes es prácticamente imposible poder dar este servicio. El diputado provincial también ha recordado que, en el último pleno, presentaron para su debate y discusión una moción solicitando la firma de los convenios necesarios entre la Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y municipios para atender esta triste realidad. Sin embargo, el voto en contra del PP les ha llevado a presentar esta nueva propuesta “porque no podemos dejar sin cobertura a todas estas personas que están sufriendo, en primera persona, las consecuencias de la crisis”.