Inici EconomiaMAESTRAT El PP exige soluciones ante la problemática de la ocupación ilegal en la provincia de Castellón

El PP exige soluciones ante la problemática de la ocupación ilegal en la provincia de Castellón

per Alicia Coscollano Masip

Óscar Clavell: “No se puede permitir que se sigan ocupando viviendas con una clara indefensión de los propietarios”

 

 

El Partido Popular ha exigido hoy que se aporten desde el Gobierno soluciones ante la problemática que está generando el fenómeno de la ocupación ilegal. Un problema que, tal y como ha constatado el diputado nacional del PP por Castellón, Óscar Clavell, “cada vez va a más” ante la crisis económica que se está agravando “por la pandemia del coronavirus y por la mala gestión del PSOE”.

El responsable del PP ha advertido que “en primer lugar hay que distinguir entre las mafias que se dedican a ocupar viviendas y aquellas personas sin recursos que ocupan una casa y a estas últimas hay que atender y ofrecer prestaciones”.

En cambio, “no se puede seguir permitiendo que ocupar una vivienda genere, encima, derechos al delincuente y que los propietarios no puedan hacer nada”. Clavell ha advertido que “más de 40 viviendas se ocupan cada día en España” y la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con mayor problemática.

El popular ha lamentado que el Gobierno e PSOE junto con Podemos opten por mirar hacia otro lado “como si así despareciera el problema” y ha explicado que, además, “se está dejando indefensos a los propietarios de viviendas ocupadas”.

De hecho, el diputado recuerda que la ocupación afecta a la clase media de la provincia, a familias enteras, así como a los vecinos de alrededor de los que sufren este delito. De ahí que la propuesta del PP sea “proteger a la mayoría de los vecinos, proteger la Ley y que los jueces, fiscales y los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado puedan intervenir conforme a la Ley”.

La propuesta del PP estipula un plazo de 24 horas para el desalojo voluntario tras el requerimiento, que no se igualen los derechos entre propietario y el que ocupa, que no se permita el empadronamiento de los ocupantes, que las comunidades autónomas y las personas jurídicas puedan tomar medidas legales al respecto de estos problemas y que se acumulen delitos como el allanamiento de morada.

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