Inici Activisme El gato callejero en la normativa española de protección animal

El gato callejero en la normativa española de protección animal

per Alicia Coscollano Masip

 

”El hombre es civilizado en la medida que comprende a los gatos” (Bernard Shaw)

“Respetar un gato es el principio del sentido  estético “(Erasmus Darwin)

 

Manuel Nieto Rodríguez

  Licenciado en Derecho

Voluntario colaborador programas CES

 

El gato, ese pequeño felino de andar suave y flexible, es desde antiguo un ser misterioso que ha concitado la atención de mujeres y hombres de todas las clases, épocas y lugares. Afectuoso y tierno por momentos, independiente y egoísta en otros, el gato es la viva imagen de la contradicción y una de las criaturas más segura, penetrante y enigmática del reino animal.

​El etólogo y Premio Nobel  Konrad Lorenz opinaba que el gato es el más orgulloso y valiente de los animales.  Desmond  Morris aprecia en ellos una elegancia y una compostura que cautiva el ojo humano. Para Leonardo da Vinci el más pequeño gato era una obra maestra .También son pulcros, inteligentes y sociables. Es un superviviente nato y su resistencia es asombrosa, pero esta cualidad opera paradójicamente en su contra facilitando   los abandonos de estos felinos .Como sabe “buscarse la vida”, el remordimiento por este hecho es menor o no existe.

 

Se cree que hace unos 7.500 años el gato ya estaba  completamente domesticado por el hombre, y en el comienzo de esta relación parece que hubo un pacto entre ambos. Este le proporcionaría comida, bebida y protección a cambio de dos deberes: control de ratas, ratones y otras pequeñas alimañas  y que le sirviera de animal de compañía.

Este contrato se mantuvo durante la antigüedad, sobre todo en el antiguo Egipto, donde el gato, además de ser deificado, gozó de una gran protección social y penal, como eficaz defensor de las cosechas, hasta el punto de que matar este animal era castigado con la pena capital.

La Edad Media fue una época nefasta para los gatos .La ignorancia y la superstición   popular, alentadas por el oscurantismo religioso, provocó que, durante varios siglos, fueran injustamente perseguidos, torturados y muertos cruelmente. El drástico descenso de la población de felinos en Europa y la consiguiente proliferación de ratas, condujo a la aparición de la peste bubónica o peste negra que asoló el continente ocasionando millones de víctimas

En general la historia del gato y su vínculo con los humanos ha sido azarosa. Como animal de compañía ha sabido ganarse un hueco en nuestros afectos, pero a pesar del impagable servicio como aliado del hombre en su lucha incesante contra los roedores, éste, en general, ha sido injusto y cruel con ellos.

El ejemplo más vergonzoso de cómo hemos roto nuestro antiguo acuerdo   es la existencia en todo el mundo de millones de gatos callejeros que, solos o formando colonias, malviven precariamente en los mismos límites de la supervivencia.

También en España estos gatos – llamados también ferales- ofrecen una lamentable imagen que debe obligarnos a reflexionar. Los vemos en las calles, bajo los coches, en solares, en condiciones penosas, sufriendo hambre y frío, desprotegidos, hostigados y en ocasiones hasta envenenados.

Este cuadro, impropio de una sociedad civilizada, no ha surgido por generación espontánea, sino que ha sido originado en gran parte por el ser humano. Continuos e impunes abandonos de gatos domésticos, gatos perdidos y otras circunstancias, unido al hecho de la extraordinaria  fertilidad de las hembras, han llevado a esta situación.

​En entornos urbanos, y en estas deplorables condiciones, los gatos son una fuente de problemas .La superpoblación descontrolada de los mismos compromete la salubridad pública (restos de comida ,deyecciones ,malos olores..) , la convivencia ciudadana(protestas vecinales por ruidos ,peleas ,marcajes etc.) y la propia salud de los animales.

Es indudable que semejante y generalizado estado de cosas, requiere políticas de control de la población felina compatible con la salud pública y el bienestar animal. Una de ellas avalada por numerosos estudios e internacionalmente  aplicada, es el programa CES (captura, esteriliza y suelta), que se ha revelado como la alternativa más eficaz y ética, no solo para dignificar la vida de los gatos y asegurar la convivencia con los seres  humanos, sino también para lograr el objetivo del” sacrificio cero”.

Entendemos que los ayuntamientos son  los responsables de la implantación de estos programas, en virtud de sus competencias en materia de control sanitario del medio ambiente local y de la salubridad pública, y cuyas actuaciones  en estos ámbitos están en la base de los fines que persigue el CES.

​Se trata de una herramienta jurídica que tienen las entidades locales sin estar obligadas o limitadas por las leyes autonómicas de protección animal. Sin embargo, aunque  cada vez son   más los ayuntamientos que   van actuando en esta materia, la gran mayoría por  negligencia, dejadez  y hasta por  animadversión  hacia los gatos no cumplen con su obligación de responsabilizarse de  este problema.

​Esta disparidad de actuaciones locales  junto  a la insuficiencia y falta de adecuación de la legislación autonómica en materia de protección animal, como analizaremos más adelante, crea situaciones de injusticia y agravio para los gatos que viven en diferentes comunidades  o ayuntamientos, ya que mientras en unos se ha logrado respetar la vida de éstos, en otros- la mayoría-se siguen matando animales sanos por el hecho de no ser adoptables.

​Es evidente que las intervenciones municipales  en el control de colonias, demanda de una creciente sensibilidad social, constituyen un avance en el amparo del gato callejero, pero no se trata  de una protección jurídica plena, sino meramente fáctica por más que con ella se evite su sacrificio. Sin embargo, este animal sigue careciendo de un estatus equiparable al doméstico o de compañía que sí goza  de aquella al estar definido en todas las leyes autonómicas de protección animal y ordenanzas municipales.

​La dificultad de categorizar jurídicamente al gato feral obedece a mi juicio a varias razones. En primer lugar a la falta de una ley estatal de protección  animal, que sirviera de marco a la legislación autonómica y que recogiera los principios inspiradores de   los convenios internacionales y la normativa de la UE en esta materia firmados y ratificados por España. (Declaración Universal de los Derechos Animales de 1977 de la UNESCO; Convenios de Washington, Bonn y Berna; Convenio europeo de protección de Animales de Compañía de 1996).

​En segundo lugar, a que ante la carencia de una ley nacional, son las comunidades autónomas  las que se han ocupado de esta materia, pero la mayor parte de esta legislación no se ha adaptado a la nueva realidad jurídica y sociológica que urge una decidida protección y defensa de todos los seres vivos en general y de los animales más   próximos al hombre en particular.

​Por último y como más relevante, a que la protección que se otorga al gato actualmente está en función de su pertenencia o no a una persona, es decir al concepto de propiedad, valorándose más su relación con el hombre que la propia vida del animal, sin tener en cuenta que son seres sintientes y con derechos  que merecen ser reconocidos y protegidos.

​ Voy a referirme ahora al ordenamiento jurídico español en lo que afecta a los animales en general y en particular al objeto de nuestro análisis, el tan citado gato callejero: Constitución Española de 1978, Código civil, Código Pena l, Leyes  de protección animal y Ordenanzas municipales y en concreto las más progresivas en esta materia.

​La Constitución  no recoge en su articulado ninguna referencia a los animales, a su protección  o a sus derechos. Por su parte el Código Civil considera a los animales bienes muebles y esto conlleva la imposibilidad de que tengan derechos propios (países como Alemania, Austria, Suiza y otros han modificado sus respectivos Códigos declarando a los animales  “no cosas”). Por último el Código Penal de 2015 introdujo importantes avances en la protección animal (artículos 337 y 337 bis), al tipificar como delitos el maltrato  y el abandono, si bien en este último caso solo si peligra su vida o su integridad.

​Como ya se mencionó, en nuestro país, han sido las Comunidades Autónomas las que han asumido la tarea legislativa, regulando mediante leyes o decretos legislativos lo concerniente  a tenencia y protección animal .Tenemos por tanto 17 Leyes  y 2 Reglamentos (ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

​Salvo algunas excepciones, que después veremos, esta legislación se halla desfasada ética, social y jurídicamente al no estar adaptada a la normativa internacional y comunitaria, ya que en su mayoría es anterior al 1.2.2018 fecha en que entró en vigor el citado Convenio Europeo de protección de animales de compañía, y por tanto la mayoría de sus recomendaciones quedan fuera de su ámbito.

​Se trata además de una normativa muy dispar porque, ante la falta de una Ley marco  que armonice las diferentes leyes autonómicas, no existe homogeneidad de criterios entre ellas a la hora de recoger y sistematizar los variados  aspectos de la protección animal (ámbito de actuación, finalidad, definiciones, obligaciones, prohibiciones etc.).

​La mayoría de estas leyes centran su ámbito de protección en los animales de compañía o domésticos, ignorando al gato feral que en la práctica se le considera como animal vagabundo, errante  o asilvestrado permitiendo el sacrificio de los mismos en los centros de acogida transcurridos determinados plazos.

​Sin embargo las leyes autonómicas más recientes  y actualizadas, le otorgan ya una singular protección jurídica, bien definiéndolo (Madrid, Murcia) o equiparándolo al gato doméstico (Cataluña, Madrid, Navarra y Asturias). También se regulan las colonias felinas(Cataluña ,Madrid ,Galicia ,Asturias ,Rioja ,Navarra ,Murcia y Ceuta).y se prohíbe el sacrificio de animales(Madrid ,Cataluña ,Navarra ,Rioja ,Galicia y Asturias).

​Así la Ley 6/2017 de protección y defensa animal  de la región de Murcia define al gato feral en su artº 4-g  como “especie felina doméstica que no está socializada con los seres humanos y no es adoptable por tanto. Aparecen por el abandono o la huida de gatos domésticos sin esterilizar que se convierten en gatos asilvestrados o son gatos descendientes de otros gatos ferales.”

​Por otro lado, el decreto legislativo 2/2008 de Cataluña considera al gato, cualquiera que sea su situación (doméstico, feral o asilvestrado), como animal de compañía. Y la Ley 4/2016 de Madrid en su artº 4-1 incluye en la definición de animal de compañía todos los perros y gatos independientemente  del fin para el que se destinan o el lugar en que habiten. En el mismo sentido se pronuncian la Ley foral 19/2019 de Navarra, y Ley 13/2002 de Asturias.

​El reconocimiento legal de las colonias felinas y su gestión por los ayuntamientos es un aspecto crucial en la protección del gato feral. La ley de Navarra por ejemplo define estas colonias como “grupo de gatos que viven en estado de libertad, pero dependientes del entorno humano y que se asientan en espacios públicos bajo autorización y control de los ayuntamientos.”(Artº 5-19).

​La Comunidad de Madrid por su parte impulsa en el artº 21-7 de su Ley la implantación del método CES. De control felino: “En aquellas ubicaciones en que existan colonias de gatos, donde las condiciones del entorno lo permita y al objeto de procurar tanto la protección como el control poblacional de los gatos, los Ayuntamientos promoverán la gestión ética de dichas colonias mediante el método CES que realizará preferentemente en colaboración con las entidades de protección existentes en la zona”. De forma similar se recoge en las Leyes de Galicia, La Rioja y Murcia y en el Reglamento de Ceuta.

La prohibición expresa del sacrificio de animales en los centros de acogida ,también  se contempla en estas leyes  y constituye un logro largamente demandado .Así el artº 7 de la Ley de Madrid establece que “no se podrán sacrificar animales por el simple hecho de su permanencia en centros de acogida ni en otros centros para el mantenimiento temporal de animales de compañía independientemente del tiempo transcurrido desde su entrada en los mismos ni con enfermedades tratables en las que el animal puede llevar una vida digna ”. En el mismo sentido el Decreto-Legislativo de Cataluña en su artº 11-2  prohíbe  el sacrificio de perros y gatos en las instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, excepto por motivos humanitarios y sanitarios que reglamentariamente se establezcan.

​ Esta legislación autonómica ha sido desarrollada   por algunos ayuntamientos a través de ordenanzas municipales, disposiciones administrativas de carácter reglamentario, que regulan más en profundidad las colonias ferales, el método CES e incluso la figura del cuidador/alimentador como persona responsable de estos gatos.

​De este modo, la Ordenanza de Barcelona de 2014 de protección,  tenencia y venta de animales define al gato feral en los términos ya conocidos (artº 2-9)  y recoge en su artº 28 el concepto de colonia de gatos, tanto en espacios  públicos como privados con autorización, promoviendo el ayuntamiento la existencia de dichas colonias y dando apoyo a las entidades y organizaciones que cuidan de ellos. De forma  análoga también se contemplan en las Ordenanzas de Tarragona, Reus y Sabadell todas de 2017.

​En términos similares la Ordenanza de Zaragoza de protección  y tenencia de animales, define al gato feral (artº2-4) y declara en el artº15-5 que el ayuntamiento de la ciudad promoverá el control de las colonias de gatos ferales realizando las debidas identificaciones y esterilizaciones en espacios públicos o privados autorizados, regulando la figura del alimentador/a.

​En el artº 23 bis considera la colonia de gatos ferales como” la agrupación controlada de gatos sin persona propietaria o poseedora conocida, debidamente esterilizados, que conviven en un espacio público o privado a cargo de organizaciones o entidades cívicas sin ánimo de lucro, con el objeto de velar por su bienestar y donde reciben atención, vigilancia sanitaria y alimentación “Casi idéntica definición se recoge en la Ordenanza de Barcelona.

​Lo más novedoso de esta ordenanza es la figura del cuidador/alimentador. El artº 7-p) establece la prohibición de alimentar a animales silvestres o asilvestrados  para a continuación exceptuar a “los alimentadores/cuidadores de control de colonias felinas, debidamente acreditados por el ayuntamiento que se encargarán de su alimentación y cuidado y colaborarán en las campañas de captura, esterilización y suelta, habilitando en la medida de lo posible comederos y refugios que garanticen su protección y bienestar”. Y en cuanto a infracciones se considera muy grave molestar a los gatos ferales en las colonias protegidas.

​ Llama la atención que Zaragoza haya aprobado una ordenanza  muy avanzada en la  defensa de los gatos ferales y sin embargo la Ley de protección animal de Aragón de 2003 omite todo lo referente a estos felinos y sus colonias. Pero este caso no es ni será el único. Mientras las leyes  se van lentamente adaptando al derecho internacional y comunitario, los Ayuntamientos se hacen eco del sentir y preocupación de una sociedad cada vez más concienciada en defensa de los animales y sus derechos, estableciendo en consecuencia planes de protección  y control de los mismos.

​ Anteriormente ya se comentó que las entidades locales no están limitadas por el silencio de las leyes autonómicas para poner en marcha estos programas. El  problema que representan las colonias felinas incontroladas afecta tanto al medio ambiente urbano como a la salubridad pública y estas materias son competencias de los ayuntamientos (artº 25 de la Ley de Régimen Local). Por lo tanto éstos pueden proceder libremente a la regulación de dichas colonias y su control por el método CES, bien modificando en este sentido las oportunas ordenanzas o mediante decretos municipales.

​ Por último, me permito hacer una observación sobre aquellos casos de corporaciones locales,  pertenecientes a comunidades sin leyes actualizadas, que han decidido ejecutar de hecho los programas de control felino en colaboración con asociaciones o entidades particulares. Estas situaciones meramente fácticas en mi opinión deberían legalizarse, mediante  el adecuado instrumento jurídico – nueva ordenanza, modificación de las ya existentes, bien de medio ambiente, sanidad o tenencia de animales o por medio de un decreto municipal – y cuyo contenido podría contemplar:

​-La definición del gato feral y su derecho a una vida digna y saludable en su propio espacio natural, así como el concepto de colonia de gatos ferales.

​ –   La colaboración, protección y apoyo a las asociaciones y particulares que con sus propios medios están aplicando el método CES para evitar la proliferación de felinos.

​ -La regulación de la figura del cuidador/alimentador como responsable del cuidado, protección  y salubridad de la colonia .La alimentación de los felinos debe hacerse de forma adecuada, ser una actividad reglada por normas claras y con sanciones para quien no las respete.

​ –Y de por último, la promoción de campañas informativas y educativas por parte del Ayuntamiento para divulgar el método CES y fomentar el respeto por los animales.

 

 

 

 

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