Cuestionan que el Tribunal asumiera y avalara el contenido del informe pericial encargado por la Comunidad de Propietarios frente a la versión de los técnicos municipales
Los servicios jurídicos contratados por el Consistorio de Peñíscola han presentado un recurso de súplica con el objetivo que el TSJCV revoque la resolución que estima el incidente planteado por la comunidad de propietarios contra las licencias otorgadas a los edificios, negocios y construcciones que ocupan espacios comunes de la urbanización Peñíscola Playa. Fruto del incidente, se anuló el acto administrativo de la Junta de Gobierno Local que concedía licencia de obras de legalización en una dura y traumática Sentencia tras décadas de litigios. Los abogados externos del Consistorio dicen ahora que “el incidente se tramitó sin la intervención de todos los promotores del expediente de legalización, titulares en derecho de la licencia municipal de obras de legalización declarada nula”.
Este recurso de súplica es un tipo de recurso que se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución judicial, en este caso la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, con la finalidad por el recurrente que sea reformada la resolución recurrida. Se interpone contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación. Tras el fallo no cabrá nuevo recurso. El Ayuntamiento pretende evitar tener que requerir a los propietarios y titulares de actividades para que en el plazo de dos meses desalojen los inmuebles cuyas licencias han sido afectadas y que presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que lo rectifique o apruebe el Consistorio, como impuso el TSJCV.
Con este recurso de los abogados externos contratados por el Consistorio cambia así el criterio manifestado inicialmente por el edil de Urbanismo, Romualdo Forner. El concejal manifestó que el Auto “es claro” y que “se hará cumplir ya que las instrucciones son tajantes”. Pero antes de cumplirlo plantearán este nuevo recurso que demorará algunos meses más la ejecución de las distintas sentencias de derribo de 2002 y 2007.
Cuestionan el informe pericial de los vecinos
El informe realizado con mediciones in situ por el arquitecto castellonense Víctor García Gil los 450 vecinos de la urbanización es cuestionado en las alegaciones presentadas en nombre del Ayuntamiento de Peñíscola e insisten en los informes emitidos por los técnicos municipales y los proyectos de legalización que en su opinión “no son contrarios a la sentencia y que no fueron dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento”. Así, insisten en la validez la posible legalización “que no contravendría el pronunciamiento de la sentencia” de 1998 y que, por tanto, no serían actos nulos de pleno derecho. Distintas modificaciones puntuales del PGOU jugarían en opinión del Consistorio a favor de la actual configuración en espacios como el tratamiento ajardinado, aspecto “que sería imputable a la totalidad de propietarios del conjunto residencial”. También cargan contra la sede de la comunidad de propietarios de la que, admiten, fue “construida con infracción urbanística siendo además ilegalizable”. Por otro lado minimizan cerramientos realizados en el edificio hotelero al no crear espacios habitables y cuestionan los sistemas de medición para determinar el exceso de volumetría. También señalan que no son exigibles cuestiones de accesibilidad por haber solicitado licencias de obras antes de la entrada de varios decretos y leyes o estar construidas antes de 1998 cuando entró en vigor la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, y que además, sería subsanable instalando accesos adaptados.