Estimado Sr. Werner Hoyer, Presidente del BEI,
Estimado Sr. Alfonso Querejeta, Secretario General del BEI,
Nos dirigimos a ustedes a hacerles llegar las siguientes preguntas y petición de información relativa al Proyecto Castor, financiado por bonos de proyectos.
El pasado mes de Julio, el almacén de gas Castor situado en Vinarós (Castellón) fue seleccionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)1 para formar parte de la fase piloto de los proyectos conjuntos de la UE denominados project bond (bonos de proyecto). En total se emitirán bonos en valor de 1400 millones de euros a 21,5 años con vencimiento en diciembre de 2034, de los cuales el BEI ya ha comprometido 500 millones de euros.
En diversas preguntas parlamentarias a la Comisión Europea (entre ellas E- 011407/2013, E-007642-13, E-007566-13, E-004004-13, E-004005-13, E-005051/2012, E-005052/2012(1), E-4299/09), se manifestaron los riesgos e impactos ambientales que suponía la planta de almacenamiento de gas Castor y se denunció que el proyecto no aportaba ninguna política de prevención de accidentes graves. También se alertó a la Comisión Europea que el proyecto podía estar incumpliendo un elevado número de Directivas Europeas: Directiva 2006/118/CE y Directiva 2000/60/CE, Directiva 2006/21/CE, Directiva 2001/42/CE, 2 003/4/CE y del Convenio de Aarhus, Directiva 79/409/CEE y la Directiva 92/43/CEE, Directiva 96/82/CE, relativa al control de los riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso II).
El objetivo de los project bonds es la implementación de la Estrategia de Crecimiento UE 2020, la cual cuenta con criterios de protección del medio ambiente y sostenibilidad. Por tanto, la financiación del proyecto Castor por parte del BEI y de la Comisión Europea los hace responsables directos de cualquier consecuencia o impacto derivada del mismo.
El pasado mes de septiembre empezaron a percibirse varios movimientos sísmicos en el entorno de la plataforma de Vinarós (Castelló) y el 3 de octubre se registraron dos terremotos de 4,1 grados en la escala de Richter. En total, se trata de 500 seísmos que grupos de expertos han asegurado que se deben a la actividad del Proyecto Castor y a las inyecciones de gas. Actualmente la actividad en la planta Castor está paralizada temporalmente.
1 http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-117_en.htm 2 Real Decreto 855/2008
En la concesión administrativa a la empresa gestora, Escal UGS, existe una cláusula (recogida en el artículo 14 del Real Decreto 855/20082 en el que se establece la concesión de explotación de Castor) la cual asegura que el almacenamiento subterráneo de Castor tiene garantizado por parte del Estado la “recuperación de la inversión” en caso de que se produzca su “caducidad o extinción”, y una compensación en caso de cese por “dolo o negligencia de la empresa”. En mayo 2012, el Gobierno Español declaró que consideraba esta cláusula abusiva y presentó un recurso al Tribunal Supremo para que la declarara lesiva. A día de hoy, 17 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado.
En consecuencia, si finalmente se paraliza la actividad del almacén de gas Castor, el Estado Español debería pagar una indemnización a dicho proyecto. Aunque esta indemnización no ha sido aún calculada por el Gobierno, el Ministerio de Industria cifraba en 1.700 millones de euros la inversión realizada3, gastos financieros incluidos.
Dado que este proyecto se ha materializado gracias a la inversión del Banco Europeo de Inversiones, con el visto bueno de la Comisión Europea, y con parte del presupuesto de la Unión Europea, creemos indispensable que remita a los bajo firmantes una copia oficial del contrato ente el BEI y la empresa Escal UGS sobre el proyecto Castor y que se emita una opinión pública oficial del Presidente del BEI al respecto, haciendo especialmente énfasis en las siguientes cuestiones:
El mismo gobierno español admitió finalmente que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Castor inicial no contemplaba los riesgos asociados, como el sísmico. ¿Por qué el BEI y la Comisión Europea dieron luz verde a este proyecto sin haber solicitado mayor información o haber escuchado la sociedad civil que denuncia desde un principio la insostenibilidad y riesgos del almacén de gas?
¿Había realizado el BEI algún tipo de estudio sobre los riesgos medioambientales del proyecto que está financiando? ¿ Hará pública esta información?
¿Tenía constancia de la cláusula citada anteriormente entre la empresa y el Estado Español en la que en caso de “caducidad o extinción” (incluso por dolo o negligencia de la empresa)? Como consecuencia de esta cláusula, ¿cuál es el monto total que estima el BEI que deberá ser asumida por el Estado Español en caso de cierre del proyecto Castor? En cuánto estima que aumentará la deuda pública española por esta cláusula abusiva? ¿Existe alguna cláusula de características similares entre el Banco Europeo de Inversiones y la empresa responsable del proyecto Castor?
Considerando los sismos producidos recientemente como consecuencia del proyecto Castor y lo impactos derivados, ¿apoya el BEI la clausura del proyecto independientemente de los costes que esto suponga? Al menos, ¿considera paralizar temporalmente la emisión de bonos de proyecto del almacén hasta que el Gobierno decida si reanuda o no la actividad del proyecto?
Esperamos vuestra respuesta.
Atentamente.