Hoy está repleta de edificios construidos al margen de la legalidad urbanística. “Una favela de veraneantes”, según uno de los letrados que representa a la AAVV
La imagen del folleto de la promoción que se entregaba a quienes buscaban adquirir en la década de los 80 un apartamento en Peñíscola dista hoy en día mucho de la realidad. Las zonas comunes, grafiadas en la recreación virtual de la época con arbolado, aparcamientos, piscinas y zonas deportivas están hoy parcialmente convertidas en negocios privados, almacenes y galerías comerciales con negocios como restaurantes e inmobiliarias.
En opinión de Fernando Vidal, uno de los abogados de la comunidad de propietarios Peñíscola Playa que ha luchado contra esta situación, la actual plaza “es una favela de veraneantes, herencia del nepotismo y más propio del antiguo régimen, algo que evidencia la ausencia de control que no se merece un destino como Peñíscola, que se debería haber desarrollado mejor, sin alcaldadas”, explicó. La entidad acaba de conseguir recientemente que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV anule las licencias concedidas por el Consistorio de Peñíscola y ordena el derribo de todo lo ilegal pendiente de derribar desde hace décadas y que se perpetúa por los constantes recursos. En el plazo máximo de dos meses el Ayuntamiento deberá haber requerido a los propietarios y titulares de actividades para que desalojen los inmuebles cuyas licencias han sido afectadas y que presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que lo rectifique o apruebe el Consistorio. El edil Romualdo Forner declaró inicialmente que el Auto “es claro” y que “se hará cumplir ya que las instrucciones son tajantes”.
A pesar de la clara Sentencia los titulares de propiedades y mercantiles afectadas plantearán probablemente un recurso de súplica, que distintas fuentes jurídicas relacionadas con el caso ven improbable que prospere después de varias sentencias ordenando demoliciones, aunque sí que podría retrasar algunos meses más la ejecución de los derribos. La posible indefensión o existencia de terceros afectados es vista con escepticismo por los representantes de los propietarios “ya que cualquier contencioso se publica y notifica a los afectados”.
Fernando Vidal lamenta que “aunque se derribe el edificio será imposible cumplir con la dotación del 40% de zona verde, ni aunque lo cubrieran todo con césped”. Tampoco habrá el número mínimo exigible de plazas de aparcamiento. Antiguamente había 59 plazas de aparcamiento al aire libre y ahora hay locales comerciales en el subterráneo que se preparan además para la próxima temporada turística. Los representantes jurídicos de los propietarios señalan además que se incumple la ley en muchos casos. “Intenta que alguna persona mayor o discapacitada con silla de ruedas suba al restaurante chino y que pueda bajar en caso de incendio con rapidez. Es imposible e imposible su legalización, lo que la técnico municipal calificó en las declaraciones de auténtico marrón”, explica. El anterior jefe de policía calificó la situación de los bares que ocupaban la zona de “cuestión de grave orden público y de ausencia de control”, lamentan.